El Ayuntamiento de Iniesta aprobó en el pleno del 26 de abril una nueva ordenanza fiscal reguladora de la gestión de residuos de construcción y demolición con el objetivo de “conseguir una efectiva protección del medio ambiente, estableciendo una regulación adicional a la adjudicación de las licencias municipales de obras”, según refleja la propia ordenanza.

Los residuos de construcción y demolición (RCDs) son aquellos que presentan las características de inertes, tales como tierra, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares. Se excluyen residuos tóxicos, domésticos industriales, en general, todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como “especiales” y, en particular, amiantos, PVCs, envases y envoltorios de la construcción.

La ordenanza clasifica los RDCs en dos categorías, los de obra mayor (residuos con un peso mayor a 0,5T y un volumen superior a tres metro cúbicos) y los de obra menor. A los residuos de obra mayor se aplicará una fianza de seis euros por metro cúbico, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 60.000, y a los de obra menor la fianza será de 100 euros. La fianza se devolverá cuando se acredite que la gestión se ha efectuado adecuadamente. La eliminación de los residuos de obra mayor será a través de un gestor de RCDs autorizado, las plantas más cercanas a Iniesta son las de Madrigueras y Casas de Ibáñez. Los residuos de obra menor se eliminarán a través del punto limpio de la población o según la fórmula que determine el Ayuntamiento.

La ordenanza contempla un régimen sancionador y disciplinario en caso de incumplimiento de la misma. Las infracciones leves se penalizarán con multas de hasta 600 euros, las graves de 600 a 30.000 euros y las muy graves de 30.000 a 120.000 euros.

El alcalde, José Luis Merino, aseguró que se trata de una ordenanza de máximo interés para la localidad ya que “existen problema con la escombrera municipal” y que “se han recibido avisos de la Conserjería de Medio Ambiente para solucionarlo”.

Por su parte, el grupo de la oposición expuso que en muchos casos estas leyes “que vienen de instancias superiores no se ajustan a la realidad de los espacios que regulan, al igual que pasó con la ley del suelo LOTAU”, y argumentó su abstención debido a que entienden que es una ordenanza que va a dificultar el desarrollo de los pueblos. Consideran que puede tener tres efectos negativos; en primer lugar, el aumento descontrolado de residuos en el entorno (montes, campo…) ya que los vecinos evitarán pagar una nueva tasa por la eliminación de residuos, lo que supondría incrementar el presupuesto de su proyecto de manera considerable. En segundo lugar, esta ordenanza dificultará la demolición de viviendas viejas que están desocupadas en el casco del pueblo y “lo deseable sería que se recuperaran esas casas para volver a tener vecinos en el centro del pueblo”. Finalmente, consideran que para que se pueda ejecutar de forma correcta la ordenanza “se debe aumentar la vigilancia por parte del Ayuntamiento”.

 

Otros puntos del orden del día

El equipo de gobierno también llevó a pleno una nueva ordenanza sobre la venta ambulante, ya que la actual es de principios de los años 90 y entienden que se ha quedado obsoleta. Pero, tras debatir algunos puntos que daban lugar a ambigüedad, se aplazó su aprobación al siguiente pleno para revisar todos esos aspectos que no estaban suficientemente claros.

El pleno también eligió un nuevo  vocal para la comisión de pastos, aprobó unos expedientes de extrajudiciales de crédito,  aprobó un expedientes de modificación de crédito y la modificación de las comisiones informativas, que pasa de tener dos miembros y tres suplentes  a tener tres miembros y dos suplentes.